La polémica y recientemente reglamentada Ley 26.639, conocida como Ley Glaciares, establecida con el objetivo de preservar las reservas de agua dulce, todavía no puede dar sus frutos. Si bien el Gobierno nacional firmó un convenio con el CONICET para que a través del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), su unidad ejecutora en la que participan la Universidad Nacional de Cuyo y los Gobiernos de San Juan y Mendoza, realizara un inventario de glaciares, aún no determinó la zona por la que comenzará a realizarlo. Como sumatoria, a la inacción por parte del Estado, distintos sectores mineros presentaron un recurso de amparo con el objetivo central que la nueva norma no se aplique en territorio sanjuanino.

“Sabemos que la tarea de relevamiento, obviamente, va a demorar porque no es sencilla -asegura Hernán Giardini, coordinador de Campaña de Cambio Climático de Greenpeace Argentina-. Sin embargo, el problema real acá es otro, es la falta de decisión política para hacer las auditorías sobre las empresas mineras que, según la Ley, debían hacerse antes de abril”.

Tras más de dos años de debates, y luego de muchas idas y vueltas, el 30 de septiembre de 2010 se sancionó la “Ley de Preservación de Glaciares y del Ambiente Periglacial”, con la aprobación de un documento conocido como “Filmus -Bonasso”. Un mes después, el juez Federal de San Juan, Miguel Ángel Gálvez otorgó una medida cautelar que suspendió la aplicación en San Juan de los artículos 2, 3, 5, 6, 7 y 15 (véase Irresponsabilidad total) de la Ley de Glaciares a solicitud de la Cámara Minera, la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA) y la seccional sanjuanina de la Confederación General del Trabajo (CGT), que habían interpuesto un recurso de amparo solicitando la inconstitucionalidad de la ley.

Si bien Argentina es el primer país latinoamericano en contar con una Ley de Preservación de Glaciares, a poco más de tres meses de entrada en vigencia, la Secretaría de Medio Ambiente Nacional aún no ha informado al Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) las zonas prioritarias por dónde comenzar a realizar los inventarios. “El Estado es el que tiene que decir cuáles son los glaciares que se deben cuidar ya que todos necesitamos el inventario que los reconoce y califica”, afirma Daniel Taillant, fundador y coordinador del Programa Minería, Ambiente y Derechos Humanos del Centro de Derechos Humanos y Ambiente (CEDHA). Ahora, si bien se cuenta con un período de cinco años, como máximo, para realizar esta tarea, lo cierto es que existen glaciares dentro de las zonas actuales de explotación minera. “Sabemos que no es fácil realizar esta tarea a nivel país, por eso, lo que decimos es que no pierdan más tiempo y comiencen por los que están implicados en proyectos mineros para que no sigan ocurriendo desastres”, enfatiza el experto.

Si bien el proyecto original tenía una cláusula que establecía la suspensión de las actividades mineras hasta que éstas no presentaran inventarios, la misma fue retirada  sobre la marcha. El problema, para los ambientalistas, es que no se sabe realmente qué es lo que están haciendo las compañías al mismo tiempo que se corre el riesgo de que se aprueben nuevos proyectos de explotación.

“Barrick Minería Responsable”, reza el logo de Barrick Gold Corporation, la minera de extracción de oro más grande del mundo, que desembarcó en la Argentina en la década del 90 con Barrick Sudamérica, su unidad de negocios interna para América Latina. Ahora, si hablan de minería responsable ¿Por qué presentar un recurso de amparo para que artículos claves de la nueva normativa queden suspendidos en el área donde opera? La respuesta para el representante de Greenpeace es simple: “Los recursos de amparo presentados por Barrick, y por un conjunto de empresas proveedoras de la minera en San Juan, son un acto de autoincriminación”. La otra pregunta que cabe hacerse es si se puede hablar de minería sustentable. “No, no se puede hablar de minería sustentable -enfatiza contundente Giardini- Es una actividad que no se mantiene en el tiempo, los minerales no se recuperan, con el agravante que, una vez que se agotan, la empresa se va del lugar sin dejar capacidades instaladas”.

La minería a cielo abierto del oro en Argentina supone dinamitar la roca superficial y llevarla a pequeñas dimensiones; montañas enteras son convertidas en rocas y luego trituradas hasta lograr pulverizarlas; para lo cual se usan maquinarias mineras de grandes dimensiones, conocidas como bulldozers. Para extraer el mineral (o minerales) deseado se mezcla esta roca pulverizada con una sopa química con reactivos como cianuro, mercurio, ácido sulfúrico, utilizándose en este proceso enormes cantidades de agua y energía eléctrica.

Al la mina de Veladero se le suma, en la provincia de San Juan, el proyecto Pascua Lama, el primer proyecto minero -oro, plata y cobre- binacional del mundo ubicado a 4.500 metros de altura en la Cordillera de los Andes. Si bien la idea de materializar el proyecto fue en 2001, recién en 2004 se retomó. Cinco años después, Barrick anunciaba el inicio de Pascua Lama, contando con la aprobación de ambos gobiernos y de las comunidades que participaron directamente (véase Los nuevos espejitos de colores). Sin embargo, grupos de investigadores y ambientalistas afirmaron, ya en 2005, que su implementación afectaba el suministro de agua de 70.000 agricultores del Valle de Huasco por la liberación de cianuro, ácido sulfúrico y mercurio; mientras que los tres glaciares -Toro1, Toro2 y Esperanza- que se encuentran sobre el área se verán seriamente afectados, a pesar que, en 2006, se le prohibió explotar los minerales que se ubican por debajo de estos glaciares.

Si bien otro de los factores que provoca el derretimiento de los glaciares es el cambio climático, para los ambientalistas, el ciudadano común cambió radicalmente su posición con respecto a la minería. “Si se habla de minería, ya saben que se va a producir contaminación. A la gente le preocupa, se interesa por proteger los recursos naturales”, opina el coordinador de Campaña de la organización que logró que, en un mes, 180.000 personas firmaran la petición “Contra los amparos de Barrick ¡Auditorias Ambientales Ya!”.

Asimismo, en el mes de mayo,  Greenpeace junto con otras organizaciones presentaron ante la Corte Suprema de Justicia, un pedido de suspensión del proyecto Pascua-Lama por posible daño ambiental. “Nos presentamos como terceros en la demanda de un particular aportando material y pidiendo que se realice el inventario”. Actualmente, hay más de 42 organizaciones acompañando esta lucha. Ese fue el nexo para que más de 70 mil personas firmaran la petición que exige que se cumplan algunos puntos fundamentales de la Ley”, agrega.

En el año 2002, la empresa Meridian Gold obtuvo los derechos para instalar una mina de oro en las cercanías de la ciudad de Esquel. Para su funcionamiento, la minera necesitaba utilizar diez toneladas de cianuro y 300 mil metros cúbicos de agua potable por día. Aún teniendo el 50 por ciento de su población desempleada, el pueblo de Esquel se movilizó hasta lograr un plebiscito que expresó la preocupación de la mayoría y logró que no se concretara el proyecto minero.

“El impacto que genera en la gente es mayor que antes, hoy el ciudadano está sensibilizado con la protección de los recursos naturales. Hay un antes y un después de Esquel y Gualeguaychú”, asegura Taillant refiriéndose también a la cuestión de la papelera Botnia.

Hace diez años que en el CEDHA comenzaron a realizar informes en materia ambiental y como prácticamente en el sector de minería no se habían elaborados trabajos importantes consideraron que era fundamental comenzar por esta área. “A ver…si en toda buena película de suspenso hay un malo -explica Taillant - en la película de la minería ese malo es Barrick, por su forma confrontativa de actuar”.

Con su sede principal en Toronto, Canadá, cuenta con 25 minas operativas en varios países, tales como: Estados Unidos, Canadá, Australia, Perú, Chile, Argentina y Tanzania. Abarca las operaciones mineras de oro en Argentina (Veladero), Perú (Lagunas Norte y Pierina); y, Chile, con una mina de cobre (Zaldívar). La región cuenta además con el proyecto Pascua-Lama (Argentina-Chile) y una participación del 75 por ciento en el proyecto Cerro Casale (Chile), mientras que Kinross Gold Corp., es dueña del 25 por ciento restante.

Recientemente un informe difundido por CEDHA sobre metales pesados, aceites e hidrocarburos en el área de influencia de Veladero y Pascua Lama, basado en datos que la propia Barrick Gold presentó hasta diciembre de 2010 al Ministerio provincial de Minería; los mismos que maneja el Centro para la Prevención de la Contaminación Ambiental Minero Industrial de San Juan, concluyó que: “Tanto Veladero como Pascua Lama “no cumplen con la normativa ambiental y minera generando serios y peligrosos impactos para el ambiente y para la salud humana”. Según detalla, “las muestras de contaminación de metales pesados, entre ellos plomo, mercurio, aluminio y arsénico, a los ríos y arroyos próximos a los proyectos mineros de extracción de oro de Veladero -en producción desde el 2005- y Pascua Lama -próximo a iniciar la extracción de minerales-, ambos de la empresa Canadiense Barrick Gold, demuestran elevados niveles que exceden los límites permitidos por ley y/o exceden de manera preocupante la línea de base establecida para el ambiente local. En conclusión: todos los metales disueltos analizados verificaron un incremento abrupto de concentración en el año 2009, llegando a valores muy altos que  superan los máximos registrados en la línea de base, incluso duplicándolos en caso del Aluminio”. Acceda al informe completo.

Ante este escenario Taillant advierte que tanto Valadero como Pascua Lama, pilares fundacionales de la mega-minería en Argentina, ya comenzaron a mostrar su real impacto irreversible sobre los recursos naturales.

Por su parte, la minera descalificó la seriedad del informe, realizado por el científico italiano Flaviano Bianchini para el CEDHA, y anunció que analiza iniciar medidas legales por considerarlo una "severa afectación consecuente a nuestro buen nombre y reputación organizacional y profesional".

Según publicó la compañía en su página web corporativa, “Barrick trabaja con altos estándares y cumple a cabalidad con la legislación ambiental vigente en la provincia de San Juan y a nivel nacional, y está sujeta a reiteradas auditorías ambientales por parte de las autoridades”. Asimismo, Visión Sustentable intentó comunicarse en reiteradas oportunidades con Barrick Gold pero lamentablemente explicaron en la compañía que la persona responsable se encontraba de viaje. Respuesta al informe.

Otra compañía que realizó un proyecto en zona de glaciares es la minera australiana Xstrata Copper. Se trata del mega-proyecto de cobre El Pachón en el suroeste sanjuanino, que tiene previsto iniciar actividades en el 2012, y que un informe de CEDHA reveló que destruirá glaciares y ambiente periglacial que se encuentran entorno al proyecto.

Según el mapa geomorfológico del Informe de Impacto Ambiental de 2008, que CEDHA obtuvo luego de reiterados pedidos a la empresa y a la provincia, se pudo constatar que habría unos 205 glaciares en la zona del proyecto. Incluso, en los análisis de las imágenes satelitales, se encontraron unos 60 glaciares adicionales no relevados por la empresa. “La situación del proyecto con respecto a glaciares es delicadísima. Estamos hablando que al menos una docena de éstos estarían condenados a la muerte de avanzar El Pachón”,  enfatiza  Taillant.

Asimismo, en el informe se le pide a la empresa “cesar toda actividad en el lugar hasta tanto se realice un estudio de impacto en glaciares, tal como lo requiere la Ley”. “El estudio tenía que haber concluido a finales de abril y todavía no tenemos ninguna información al respecto por parte del Estado, ni de la empresa, del impacto que significará El Pachón”, reclama Taillant y denuncia. “El Estado tiene el deber de controlar pero no lo hace porque no hay independencia política”, a lo que Giardini agrega: “Lo más grave es que el Gobierno Nacional actúa de manera cómplice al no avanzar con el inventario y las auditorías ambientales a las empresas. Por eso convocamos a todos los argentinos a frenar este tipo de prácticas”.

En el Perú, por ejemplo, no sólo el calentamiento global ha contribuido a la desglaciación, sino también las concesiones mineras en ecosistemas frágiles y vulnerables. Con lo cual, si bien las industrias son importantes para el crecimiento, se debe partir de la base que no pueden destruir recursos ligados a la supervivencia de las economías locales y de la vida misma.

Por eso, para los especialistas, es fundamental hacer un análisis estratégico, sin intereses económicos de por medio y, ver, cuántas industrias se perderán, cuántas economías locales dejarán de existir, cuánta contaminación ambiental se padecerá, cuántas personas engrosarán el porcentaje de pobreza por cada emprendimiento minero que se desarrolle en la Cordillera, fuente del 70 por ciento del agua potable del país.