Gobierno corporativo: lejos de las buenas prácticas

* Alejandro Javier Rosa

La importancia de implementar buenas prácticas de gobierno de las organizaciones es algo indiscutido en el mundo actual, incluso algunos organismos multilaterales, como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) han emitido informes que sostienen que la crisis financiera global se desencadenó por la ausencia de estas prácticas.

Pero los ejecutivos argentinos son reacios a tomar medidas que excedan lo estrictamente obligatorio de acuerdo con la normativa legal, conclusión que se desprende de la investigación que realizamos anualmente en la Cátedra PwC de “Gobierno de las Organizaciones” del IAE Business School, en la que analizamos los informes sobre las prácticas de gobierno societario que recibe la Comisión Nacional de Valores (CNV).

La CNV, a través de la resolución 516/07, dispuso que todas las sociedades argentinas que tienen autorización para cotizar sus acciones en la Bolsa deben presentar, como anexo a la memoria de sus estados contables, un informe en el cual deben describir su situación respecto a una serie de buenas prácticas de gobierno de las organizaciones. Sin embargo, esta normativa rige bajo el concepto de comply or explain, es decir, no exige que las empresas cumplan con las medidas enunciadas, pero sí que presenten el mencionado informe  especificando cuáles prácticas adoptaron, cuáles no  y cuáles tienen pensado implementar a futuro.

Aquellas sociedades que son controladas únicamente por la CNV demostraron un cumplimiento medio/alto en lo formal, es decir que presentaron el informe cubriendo los puntos solicitados, pero una adopción real baja, lo que significa que efectivamente aplican muy pocas de las prácticas recomendadas. Por el contrario, el nivel de adopción real es más alto en aquellas compañías que se encuentran sujetas a la regulación de otros organismos (por ejemplo, la US Securities and Exchange Commission -SEC- o el Banco Central de la República Argentina) cuyas normas en la materia son más exigentes y de carácter obligatorio. Así, queda en evidencia que la resolución de la CNV, a pesar de que sin dudas fue un avance normativo sustancial, no sirvió para impulsar la adopción de mejores prácticas.

También se desprende de los informes que las políticas orientadas a determinar el perfil de los directores, la designación de directores independientes y la autoevaluación del Directorio fueron algunas de las categorías en las cuales se observó un nivel de adopción muy bajo. Estas y otras útiles herramientas de gestión del gobierno de las organizaciones no son utilizadas por los empresarios, lo cual, además de ser una oportunidad desaprovechada, también constituye un riesgo dado que no contar con políticas claras sobre estas cuestiones  puede poner en tela de juicio la transparencia en la gestión de la compañía.

Para incrementar el nivel de adopción de buenas prácticas de gobierno de las organizaciones en nuestro país, estamos convencidos de que todos los actores, es decir, el Estado (a través de las carteras del Poder Ejecutivo y de los organismos regulatorios), las cámaras empresariales, las Universidades y las ONGs especializadas, deben trabajar en conjunto. El Estado, dictando regulaciones claras de carácter obligatorio y promoviendo políticas gubernamentales activas que fomenten la adopción de estas prácticas (beneficios impositivos, tasas de financiación preferenciales, mejor acceso al crédito, etc.) y los restantes actores, enfocándose en concientizar y educar.

Además, si los empresarios deciden dar un salto a la calidad a través de la aplicación de estos estándares, el mercado y la comunidad en general valorarán el compromiso ético asumido y lo apreciarán en el marco de una auténtica gestión de responsabilidad empresaria.

Creemos que cuando los empresarios perciban el verdadero valor que aportan las buenas prácticas de gobierno societario, no dudarán en adoptarlas. Entre otras cosas, la gestión de riesgos y conflictos sería más eficiente, mejorarían los procesos de negocios y aumentaría la transparencia en las operaciones. De este modo, la incertidumbre financiera del inversor se vería reducida, redundando en un aumento de la percepción de valor de la acción por parte del mercado y de la confianza de los inversionistas, lo que extendería el acceso a opciones de crédito, e incluso se potenciaría la generación de nuevas fusiones y adquisiciones.

En definitiva, los beneficios de las mejores prácticas de gobierno corporativo son reales, incluso en muchos casos cuantificables, y es indispensable que la comunidad empresaria argentina se concientice acerca del valor agregado que aportan estas prácticas en lo referido a la confiabilidad, aspecto que invariablemente influirá en las perspectivas de negocios y, en definitiva, a la sustentabilidad de las organizaciones.

* Gerente Senior de Auditoría PwC Argentina