A orillas de la podredumbre

“Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica…”, establece el artículo 41° de la Constitución Nacional, sin dar lugar a otras interpretaciones.

Sin embargo, lo que establece la Constitución en la teoría no resulta ser efectivo en la práctica y lo dispuesto por la Corte Suprema de Justicia, en 2006, cuando intimó a los gobiernos nacional, bonaerense y porteño a presentar un plan de saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo y ordenó a 44 empresas instaladas en la zona a presentar estudios de impacto ambiental, aún no se ha podido resolver.

Es la primera vez que la Corte decide tomar cartas en un conflicto de semejante envergadura. Y lo hizo en forma unánime, en una causa que comenzó en 2004 pero que ganó un lugar prioritario en la agenda después de que el ex presidente Néstor Kirchner declara el “cuidado del medio ambiente como una política de Estado”.

Por aquellos días aportó otro empujón el informe de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Junto con un grupo de académicos y organizaciones civiles, advertía que, en los últimos años, el Estado no había hecho nada para frenar la contaminación en la cuenca Matanza-Riachuelo, cuyos 64 kilómetros presentan riesgos para 4,6 millones de personas que viven en la zona de influencia.

La Auditoria General de la Nación (AGN) también realizó un estudio ambiental. Entre otros datos relevantes, consigna que “el promedio de hogares sin servicios cloacales es del 65,9 por ciento”, y remarca que “los vertidos cloacales e industriales son la principal fuente de contaminación”. En cuanto a los riesgos sanitarios, la AGN enumera 14 compuestos -como cromo, cinc e hidrocarburos- hallados en el agua y los sedimentos, y advierte sobre posibles consecuencias para la salud, que van desde vómitos hasta cáncer.

Ante este escenario, la Corte resolvió desdoblar el caso: envió a la justicia de primera instancia los reclamos por daños individuales derivados de la polución y se declaró competente para analizar el daño colectivo. Los jueces se basaron en la reforma de la Constitución del año 1994, que determina que “todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado”; que las “actividades productivas deben preservarlo” y que todo daño ambiental “genera la obligación de recomponer”.

Tanto ambientalistas como abogados y funcionarios públicos concuerdan en que el fallo es, al menos esperanzador, pero se muestran escépticos en cuanto a la solución definitiva de la problemática de la Cuenca.

Por orden del máximo tribunal se creó la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar), un ente tripartito con representación de la Nación, la Ciudad y la provincia de Buenos Aires, que preside Homero Máximo Bibiloni, secretario de Medio Ambiente Sustentable de la Nación.

Si bien todos coincidían en la necesidad de crear una autoridad de la cuenca, los ambientalistas y vecinos insisten en que esta debe funcionar como un ente autárquico. “No debe intervenir el poder político. Debe funcionar más allá de quién esté en el Gobierno, con gente capacitada, sobre todo teniendo en cuenta que planificamos de acá a 15 años”, enfatiza Enrique Viale, representante legal de la Asociación de Vecinos de la Boca, una entidad que viene bregando por el cambio desde hace 20 años y es también querellante de la megacausa. “Ya sabemos que las partidas que están destinadas hoy no lo están mañana; por eso nuestra obligación es evitar que ocurra lo mismo que con los U$ 250 millones que otorgó el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en el año 1998”.

A un año de la conformación de la Acumar, el Cuerpo Colegiado -integrado por el defensor del Pueblo de la Nación, Greenpeace, Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), el Centro Legales y Sociales (CELS), la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos (ACDH) y la Asociación de Vecinos de la Boca- que controla el saneamiento del Riachuelo por parte del Estado Nacional denunció que se ha incurrido en reiteradas violaciones de las obligaciones establecidas en el fallo histórico del máximo tribunal que ordenó la recomposición de la Cuenca.

“Estamos hablando que en un año aún no se inspeccionaron las empresas situadas en la Cuenca. Incluso, tampoco se realizaron acciones significativas destinadas a lograr la atención sanitaria de los más de dos millones de personas que sufren de manera directa las consecuencias de la contaminación”, asegura Andrés Nápoli representante de FARN en el Cuerpo Colegiado.

En el informe que se elevó a la Corte, se reclamó también que se establezca un cronograma para que las industrias reduzcan a cero el vertido de sustancias tóxicas a la cuenca. Asimismo, el documento presentado detalló las reiteradas violaciones a la sentencia del máximo tribunal dictada el 8 de julio de 2008. Entre las mismas se destaca la no inspección a las industrias radicadas en el área; la ausencia de planes de reconversión para las empresas contaminantes; la falta de ejecución de las obras indispensables para proveer de cloacas a los municipios de la cuenca y darles adecuado tratamiento a sus residuos domiciliarios; la ausencia de medidas para atender la emergencia habitacional de las personas que viven sobre basurales y la inexistencia de controles ambientales periódicos de la calidad del agua y el aire y de la salud de los pobladores de las zonas ribereñas.

“Cuando señalamos la necesidad del saneamiento y recomposición ambiental y social de esta Cuenca hablamos de una región con múltiples problemas de contaminación, un área de sacrificio ambiental debido al tipo de industrias allí radicadas y de injusticia ambiental ocasionada por la postergación que sufren sus habitantes”, explica Juan Carlos Villalonga, director político de Greenpeace.

De acuerdo al último informe presentado por la Defensoría, se arrojan a la cuenca 370.000 metros cúbicos de líquidos cloacales diarios, de los cuales sólo el 5 por ciento recibe tratamiento. Se estima que también por día se vierten en las aguas unos 88.500 metros cúbicos de efluentes industriales, de los cuales no se sabe qué porcentaje recibe tratamiento previo.

“El área más contaminada va desde puente La Noria hasta la Boca, y todos los elementos considerados por la ley, como cromo, mercurio, cadmio, cinc, plomo, niquel y benceno, entre otros, se encuentran en sus mayores concentraciones”, detalla Anselmo Sella, defensor del Pueblo de la Nación.

Ante esta situación, el Cuerpo Colegiado reclamó a la Acumar que, en forma urgente, se establezca un meta de reducción al 50 por ciento de un grupo de contaminantes industriales prioritarios para el año 2015, como paso previo al objetivo de "vertido cero", momento en el cual debe prohibirse de forma definitiva el vuelco de sustancias tóxicas de cualquier tipo a los cursos de agua.

Al respecto, también destacó que el reglamento para la determinación de las industrias y establecimientos que serán identificados como “Agentes Contaminantes” dictado por la autoridad de la cuenca "carece de bases ambientales sólidas", "no contempla el control de metales pesados que hoy contaminan las aguas" y "exime del control a la empresa AySA, a pesar de que es la mayor aportante de vertidos" con un promedio de dos metros cúbicos por segundos.

“La reparación deben solventarla los que originaron el daño, y el Estado debe prestar atención directa e inmediata a las víctimas”, sentencia Nápoli. Contemplando este punto, se creó un fondo público de U$ 500 millones, para reparar el daño causado a los habitantes de la cuenca.

El otorgamiento de un nuevo crédito para sanear el Riachuelo vuelve a despertar suspicacias respecto del destino de los U$ 840 millones que el Banco Mundial prestará a la Argentina en épocas en que María Julia Alsogaray era responsable del área.

Aunque en la Secretaría de Ambiente de la Nación aseguran que habrá "estrictos controles" por parte del organismo multilateral de crédito, varios actores dudan del uso eficiente de esos fondos.

Si bien, no se puede precisar la fecha exacta del comienzo de las obras, se prevé el desembolso de una partida anticipada de U$ 4 millones de dólares, en concepto de adelanto para construir tres sedes de la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo.

"El otorgamiento del crédito es importante porque dota de financiamiento para trabajos de infraestructura necesaria para el Riachuelo. Sin embargo, cabe recordar que hace 10 años se otorgó un crédito similar y fue utilizado para otra cosa. La cuestión central es cómo se llevará adelante este crédito y qué gestión va a hacer el Gobierno. Vamos a controlar la ejecución de las obras", asegura María Eugenia Di Paola, directora Ejecutiva de FARN.

Con respecto a las denuncias presentadas por el Cuerpo Colegiado en relación a que no se está cumpliendo con los tiempos establecidos por la Corte Suprema, el secretario de Medio Ambiente explica que las demoras se deben a que hay que apuntar es a que la estructura que se crea sea eficiente. “Hay que decidir si queremos que se busquen las soluciones o si queremos encontrar problemas de detalles. Probablemente hubo un retraso, pero administrar algo de esta complejidad no es sencillo. Tiene sus dificultades y obstáculos. Hay que distinguir qué se hizo antes y qué se hace ahora. Lo importante es que se vea que se avanza”.

Con respecto a los controles asegura que si bien están retrasados, la demora se debe a que se está realizando un censo del personal disponible. “Los inspectores que se dijo que estaban -por los 92 nombrados por Romina Picolotti- no están o nunca se presentaron. Creemos que a partir del segundo semestre la estructura empezará a funcionar de menor a mayor, por eso estamos integrando un cuerpo unificado para darle más potencia”, detalla Homero Bibiloni.

Según el Gobierno, estamos ante un momento sin precedentes en lo que hace a la solución definitiva del problema de contaminación que arrastra el Riachuelo. “En esta oportunidad, la Acumar tendrá el peso institucional para poder concretar el proyecto y la obligación de cumplir con la Corte”, sentencia Bibiloni. Los habitantes de la Cuenca sólo esperan que no sea una frase hecha de otro funcionario público, responsable directo de la solución definitiva del problema.